Almudena López de Rego  Desde Kommerling

Rehabilitación de joyas arquitectónicas y la propiedad sobre las mismas

He vivido toda mi vida frente a la Casa de las Flores, viendo pasar las ventanas de madera, entrar los alicatados y las tarimas, y, sobre todo, el patio permanentemente cerrado. Convertido casi  en un trastero de las plantas bajas.

Es agridulce, pero los edificios, especialmente los geniales, no se hacen para ser sufridos, se hacen para ser habitados. Cuando un edificio deja de ser funcional o estar “en forma” para su usuario, deben hacerse cambio. El problema es que éstos tienden a hacerse por partes, a parches, sin un plan. Y éste es el principio del fin.

El primer impedimento que encontramos al rehabilitar un inmueble declarado como patrimonio es el mismo que para cualquier otro inmueble: la propiedad.

En general, los grandes edificios reconocidos y protegidos suelen pertenecer a la Administración, pero hay muchos otros que están en manos de particulares, en ocasiones decenas de ellos, cada uno con su propia realidad y que no funcionan mejor que cualquier otra comunidad de vecinos. Disponibilidad económica, interés en invertir o umbral del confort se cruzan haciendo difícil ponerse de acuerdo en una rehabilitación.

A esto se suma la percepción del técnico responsable de la intervención, cuya formación es otro tema importante. No nos faltan profesionales preparados, pero el usuario no siempre sabe dónde encontrarlos. Reformas desastrosas suceden a diario. El hecho de que se garantice la integridad del proyecto en manos de alguien capacitado técnica y artísticamente debería ser constatado por una autoridad pertinente en estos casos con el fin de evitar que se repita la historia del Ecce Homo.

¿Es la propiedad legal la propiedad moral?

En otras palabras: ¿debería uno poder hacer lo que quisiera en su bien inmueble, esté declarado como patrimonio o no?

Viene al pelo el caso del Edificio España, en Madrid. Wanda lo compró conociendo las restricciones de la rehabilitación. Una vez que ya es suyo, alegan que es imposible técnicamente cumplir el acuerdo y proponen tirarlo. Todos nos indignamos y les presionamos. Sin embargo, ¿qué pasa si es verdad (cosa que por otro lado expertos españoles defienden)? ¿Quién puede más: la sociedad a la que representa el edificio o el que tiene las escrituras?

Si no tenemos dinero para rehabilitarlo, nadie lo encuentra una inversión rentable y lleva años vacío, es que este estado en el que está no es válido. ¿Cómo hay que mover el listón para desbloquear la situación? Hay que encontrar el punto de equilibrio en el que se devuelva el valor al enclave, manteniendo su identidad dentro de la ciudad moderna, sin caer en el negocio puro y duro.

Desde luego, en España, tenemos casos de sobra en los que se prueba que la propiedad marca las decisiones que toman las administraciones públicas. Se han permitido todo tipo de barbaridades a ciertas personas o entidades sin razón ni derecho alguno. En el ámbito del patrimonio debería ser diferente, esa propiedad tiene una responsabilidad con el resto de la sociedad que debería ser respetada y por la que agentes objetivos deberían velar.

¿Qué lugar tiene la Administración?

El Estado impone la obligación de mantener la integridad de estos edificios, y facilita subvenciones para su restauración cuando ésta sea necesaria y de alto coste para los edificios que tienen cierto grado de protección.

Sin embargo, ¿hasta qué punto controla las modificaciones que se hacen? Nos importan el qué y el por quién, que al final definirán el cómo (y que es lo verdaderamente peligroso).

Es importante vigilar los cambios de cerca, asegurándose de que los profesionales a cargo de la obra son responsables y capaces.

Los encuentros que se diseñaban en los 60 son delicados, es difícil trabajar con ese ínfimo espesor. Las acciones sobre la fachada y los elementos singulares son controlables, aunque difíciles de adaptar a las nuevas normativas sin perder su carácter. En los edificios terciarios, la distribución y el carácter del espacio también han de ser respetados y eso no lo puede hacer cualquiera. La sensibilidad para diseñar y la destreza en la ejecución es lo mínimo que se puede pedir en estos proyectos.

Parece lógico, por tanto, involucrar a los colegios de arquitectos en las rehabilitaciones de gran alcance. Tanto la acreditación del técnico como la supervisión del proyecto y la ejecución deben ser avalados.

La propiedad de los inmuebles patrimoniales singulares es un impedimento más en su conservación. Administración e instituciones profesionales deben colaborar para ofrecer al propietario una ruta a seguir en la rehabilitación. Se pueden dar directrices para que la selección de los técnicos sea la adecuada y se precisan herramientas de control previo y durante la obra, con el objetivo de garantizar que no se altera su valor arquitectónico ni constructivo. Es importante que todo se haga bajo una planificación integral de restauración de todo el edificio.

 

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