Por José Suraña, miembro de la Junta directiva de ASA.
ARTÍCULO SOBRE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES_02
Como ya sabréis, el pasado día 23 finalizó el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que fue aprobado “de tapadillo” el pasado 2 de agosto por el Consejo de Ministros y, lo decimos así, porque se hizo de una forma demasiado oscura cuando lo que se supone que se persigue es “un crecimiento de empleo y del PIB potencial” y que “busca el equilibrio entre, por una parte, las restricciones precisas para garantizar la confianza indispensable de los destinatarios de los servicios profesionales en la calidad de lo que reciben, así como su protección y seguridad y, por otra, las libertades necesarias para favorecer el desarrollo de la actividad”, tal como reza en la exposición de motivos del documento. Desde luego, si el articulado avalara estos objetivos, sería para sacar pecho por la Ley, pero, desgraciadamente, se vuelve a confirmar que los preámbulos de las leyes son un cúmulo de buenas intenciones que después no son confirmadas por su desarrollo, cuando no son justo lo contrario. En fin, no vamos a divagar en cuestiones sobre las formas en las que se ha tramitado la Ley, sobre como se ha justificado mediante unas estadísticas bastante parciales, o alegando a unas supuestas exigencias de la UE, incluso tirando de la propia Constitución, porque nos apartaríamos de lo realmente importante, así que vamos a centrarnos en el meollo de la cuestión.
Muy básicamente, este Anteproyecto de Ley se puede dividir en dos grandes temas: por un lado la regulación de los colegios profesionales y de la colegiación obligatoria y por otro la regulación de los servicios profesionales, el acceso al mismo y las atribuciones de cada profesión. En lo que se refiere las cuestiones relativas a los colegios profesionales, a la colegiación y las relaciones de tutela entre la administración y los colegios la cosa tiene su miga, incluso se podrían ver visos de intervencionismo pero, en todo caso, hay profesiones mucho más afectadas en este sentido que probablemente batallarán más, así que, por el momento, vamos a dejar un poco de lado este aspecto y vamos a hablar de la regulación de los Servicios Profesionales en el “ámbito de la ingeniería y la edificación”, que es lo realmente debe preocuparnos a los arquitectos, que probablemente son los profesionales que más pueden salir perdiendo, (y aprovecho para apuntar que contadas veces se habla en el articulado de arquitectura, de arquitectos o de arquitectos técnicos y que, en todo caso, si se nombra junto a las ingenierías, no se hace por orden alfabético como sería lo normal, si no que se hace siempre después de nombrar a las ingenierías).
Una vez finalizado en plazo de alegaciones, el gobierno las estudiará y los engranajes de la burocracia seguirán girando hasta su aprobación. Ya podemos empezar a asumir que esto ocurrirá así y que poco podremos hacer para evitarlo. Lo más probable es que se vayan sucediendo paso tras paso, inexorablemente, hasta al aprobación final de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, pero tranquilos, esto no es un drama, todavía… Es solo una batalla perdida ya que, como se indica la Disposición transitoria segunda del Anteproyecto de Ley, “se construirá un grupo de trabajo específico para la determinación de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y de la edificación formado por los Consejos Generales de los Colegios profesionales de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos y los representantes de aquellas otras profesiones que puedan verse afectadas y los Ministerios tutelantes de dichas profesiones”. En el plazo de tres meses tras la aprobación de la LSP, el grupo de trabajo presentará “una propuesta de ley especifica de atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y una propuesta de las atribuciones profesionales en materia de edificación (la vigente LOE)”. Ahí es donde se va a partir el bacalao y ahí es donde vamos a tener que estar. No podemos quedarnos en casa quejándonos y lamiéndonos las heridas. Tenemos que despertar, dejar de lado diferencias, unirnos y apoyar al CSCAE que va ser nuestro órgano de representación en la negociación. A su vez, el CSCAE tendrá que ponerse en la piel de todos sus representados, de entender sus problemas y echar toda la carne al asador y defender un futuro digno para nuestra profesión en este país.
¿y que pasará con la propuesta de ley que salga de este grupo de trabajo para regular las competencias de unos y de otros? Pues se presentará a la Comisión de Reforma de las Profesiones para que realice un informe determinante y en base a este, el Gobierno remitirá a las Cortes el Proyecto de Ley para su aprobación.
Y claro, seguimos preguntándonos, ¿qué es la Comisión de Reforma de las Profesiones? El Anteproyecto de la LSP, en su deposición adicional décima plantea la creación de esta comisión cuya función será “emitir un informe de evaluación de acuerdo con los principios contenidos en esta ley (la LSP) y de carácter determinante sobre cualquier propuesta de ley que en el ámbito estatal establezca nuevas restricciones al acceso a actividades profesionales o profesiones o que establezca reserva de funciones”. ¿Y quién estará en esta Comisión? Pues como dice la disposición adicional novena, estará coordinada por el Ministerio de Economía y Competitividad y en ella participarán “el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia”. ¿El Ministerio de Educación? A riesgo de parecer que sufrimos de manía persecutoria, nos preguntamos si no estará aquí otro de los objetivos finales de la LSP. ¿Por qué se omite constantemente la palabra arquitecto y se habla genéricamente de edificación? ¿Puede que se esté pensando que en el entorno europeo, una formación de arquitecto como la conocemos en España ya no tiene cabida? Y ya dándole más vueltas, uno se pregunta por qué se ha metido el Ministerio de Economía en este lío de la LSP, porque la justificación del crecimiento del empleo, del PIB, etc… parece muy débil. ¿No será que si el propio Ministerio de Fomento hubiera sacado este Anteproyecto, habría sido muy evidente su vinculación con las grandes empresas constructoras dirigidas mayoritariamente por ingenieros y con sus secciones inmobiliarias?
Para no extendernos demasiado, por ahora lo dejamos aquí. Que por ahora no cunda el pánico porque la LSP no es la que va a hacer daño de verdad, pero no bajemos la guardia porque, como hemos dicho, las leyes que nazcan a raíz de ésta son las que de verdad puede cambiar el panorama de una forma preocupante para nuestra profesión. La próxima cita donde si que vamos a tener que hacernos valer es en la constitución del grupo de trabajo específico para la determinación de las atribuciones profesionales donde tendremos que exigir transparencia y justicia en la forma de decidir su composición y su funcionamiento. Tenemos que unirnos y hacernos fuertes para que prevalezcan los valores sobre los intereses, dejar muy claro qué es arquitectura y quién está realmente capacitado para hacerla, porque ésta es la razón de mayor peso que tenemos y, a todas luces, es un hecho indiscutible que los arquitectos son los únicos formados para hacer arquitectura de verdad, y este mundo sigue necesitando ARQUITECTURA.
José Suraña Fernández
Socio 280 de ASA
Para contactar con ASA:
Correo de ASA: info@sostenibilidadyarquitectura.com
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