La Comisión ha recabado datos a partir de enero de 2017 sobre cómo los estados miembros han ido implantando la Directiva 2010/31/UE detectando lo que funciona y lo que podría mejorarse. En base a estos datos se han establecido una serie de modificaciones que deben reforzar las disposiciones actuales de dicha directiva de 2010. En el  artículo publicado en la revista del CSCAE Cuadernos nº2 describimos las exigencias europeas que se irán transponiendo poco a poco a la normativa española. 

Teniendo en cuenta que casi el 50 % del consumo de energía final de la Unión se destina a calefacción y refrigeración, de la cual el 80 % se consume en edificios, la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energía y cambio climático está relacionada con los esfuerzos de la Unión para renovar su parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética y estudiando el despliegue de las energías renovables. Hasta el año 2030 se establece el compromiso ambicioso de seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (al menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990), aumentar la proporción de energía renovable consumida y conseguir un ahorro energético de acuerdo con las ambiciones a escala de la Unión, así como mejorar la seguridad energética, la competitividad y la sostenibilidad de Europa.

Hitos indicativos y estrategias nacionales

Los Estados miembros y los inversores necesitan una visión clara que guíe sus políticas y decisiones de inversión, lo que incluye unos hitos indicativos a nivel nacional y acciones en favor de la eficiencia energética para alcanzar los objetivos a corto plazo (2030), a medio plazo (2040) y a largo plazo (2050).

La UE insta a los estados miembros a que especifiquen sus estrategias nacionales a largo plazo y supervisen su evolución mediante la implantación de indicadores de progreso.

En su estrategia de renovación a largo plazo, cada Estado miembro establecerá una hoja de ruta con medidas e indicadores de progreso mensurables establecidos nacionalmente, con vistas al objetivo a largo plazo de 2050 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión en un 80-95 % en comparación con 1990, para garantizar un parque inmobiliario nacional de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, altamente eficiente en términos energéticos y descarbonizado, y facilitar la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. La hoja de ruta incluirá hitos indicativos para 2030, 2040 y 2050, y especificará la forma en que contribuirán a lograr los objetivos de eficiencia energética de la Unión de conformidad con la Directiva 2012/27/UE.

Acceso a la financiación

Para lograr el objetivo de establecer un sistema energético, sostenible, competitivo y descarbonizado, de aquí a 2050 la UE insta a los Estados miembros a proporcionar unas orientaciones claras, mensurables y accesibles a la financiación, especialmente centrados en aquella población que sufre pobreza energética.

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