#ASAmanifiesta: MANIFIESTO ECOLÓGICO 2012
Nuestro país dispone de un potencial de energías renovables, suma de solar fotovoltaica y térmica, eólica y biomasa, de más 400.000 GWh, siendo el consumo actual de energía en edificación de 290.000
GWh, muy inferior a la capacidad productiva.
Sin embargo en prácticamente ninguna propuesta de las Instituciones del Estado, ni a corto, medio o largo plazo, ni en los programas de muchos partidos políticos se contemplan ni remotamente las posibilidades del sector energético ni la grave urgencia de su
transformación.
Nuestros ciudadanos merecen una calidad de vida acorde con el nivel económico y cultural de nuestro país en el contexto europeo, y ello sólo será posible a través de una política comprometida a corto,
medio y largo plazo que optimice las condiciones para lograr una política decididamente ecológica.
Si consideramos que como término medio (según las diferentes zonas climáticas los porcentajes son distintos) el habitante menos favorecido de nuestro Estado puede estar empleando hasta un 30% de sus exiguos recursos en el pago de su provisión energética, son las clases no privilegiadas las que soportan de forma importante el
peso del mercado energético y, si ello va acompañado, como es frecuente, de problemas de salubridad, estabilidad, etc., de su alojamiento, la prioridad política de gestión en la resolución de estas deficiencias es insoslayable, pues es a través de las viviendas como puede ejercerse una política ecológica completa en todos sus aspectos.
La inversión pública debe priorizar la rehabilitación del parque de viviendas en déficit de salubridad, de estabilidad y energético, financiando directamente o a través de los fondos europeos estos
programas, y hacerlo urgentemente. Se considera el parque de viviendas necesitadas de rehabilitación en estos conceptos en 10.000.000 de viviendas hasta el año 2050.
Esta intervención activaría el sector de la construcción no especulativo, el minorista y local, tanto referente a las tecnologías a aplicar como a la creación de puestos de trabajo productivo entre las pequeñas y medianas empresas y ofrecería una alternativa productiva a las nuevas “burbujas inmobiliarias” en ciernes.
La política económica del Estado y de las Comunidades Autónomas deberá transcender definitiva e inmediatamente del vasallaje a los grandes operadores energéticos, productivos y tecnológicos para adaptarse a nuevos parámetros de mercado, y hacerlo urgentemente no sólo para no retardar la paridad con los países más avanzados de Europa sino, en la medida de los posible, ejemplarizar la solidaridad social dentro del Estado y en el entorno internacional, siendo como es nuestro país excedentario de energías renovables.
En este sentido es inexcusable definir el posicionamiento de nuestra legislación respecto de la definición de “Consumo casi Cero”, y hacerlo sin dilaciones para acudir al evento del mes de diciembre en París en el grupo de los países que valientemente han dado el paso del “Consumo casi Cero” de los edificios públicos hacia la “Energía Positiva” (producir más de lo que se consume). Si ello es posible en países como Francia, Dinamarca, etc., en el nuestro, absolutamente privilegiado en soleamiento, topografía e hidráulica, energía eólica,
mareomotriz y biomasa, este paso es una oportunidad extraordinaria, obligada e inexcusable.
No menos importante es retomar el camino ya iniciado y frustrado en 2013 que regula la autoproducción energética en cooperación con las compañías eléctricas según criterios de balance neto, del mismo
modo en que lo hacen otros países europeos como Italia. Las instituciones, los agentes políticos y agrupaciones afines responderán ante la historia si no asumen ahora el compromiso ecológico que, por inexorable, conformará tarde o temprano no sólo la economía del país sino la propia cultura como expresión de la vida
de los pueblos.